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Escrito por WroKeN   

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley Nº 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

En una masiva ceremonia efectuada en el Patio de las Camelias de la Moneda, la Presidenta Bachelet acompañada de la ministra de Planificación, Paula Quintana, María Olivia Recart, ministra de Hacienda (S), Roberto Cerri, secretario ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad, altas autoridades políticas, beneficiarios de FONADIS y representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, entre otros, se hizo realidad la promulgación de la nueva Ley, luego de cuatro años de tramitación en el Congreso.

La Jefa de Estado recordó que “desde 1994 Chile contaba con una ley que establecía ciertas normas de integración social para las personas con discapacidad, pero bien sabemos que era necesario actualizar este texto, tanto para que fuera en el espíritu de las convenciones internacionales que habíamos suscrito en esta materia, como para ampliar desde lo legal, la perspectiva desde la que miramos hoy la realidad de las personas que sufren algún tipo de vulnerabilidad”.

El nuevo marco jurídico e institucional promueve la participación y accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del quehacer social, político, cultural y económico del país. Para ello, busca eliminar gradualmente, pero en forma definitiva, los obstáculos que aún subsisten y dificultan la plena integración de las personas con discapacidad, corrigiendo las distorsiones institucionales presentes en distintos cuerpos legales que representen restricciones o discriminación, así como la manifestación de criterios y prácticas que niegan, en los hechos, la igualdad de oportunidades.

En la oportunidad, la ministra Paula Quintana señaló que “contamos con esta nueva ley que entrará en vigencia a partir de ahora, pero sin duda, se presentarán nuevos desafíos en la fase de implementación y en esa etapa, todos los que estamos profundamente comprometidos con un Chile más inclusivo y respetuoso de la diversidad, debemos mantenernos vigilantes y ayudar a empujar estos cambios para que toda la sociedad los asumo como propios”.

Asimismo la secretaria de Estado agradeció a la Presidenta por haber liderado con tanta fuerza y sabiduría la agenda de la protección social y del Chile inclusivo que acoge y respeta en igualdad de condiciones la dignidad de todos sus habitantes.

Principales beneficios de la nueva Ley

De acuerdo a estadísticas de Fonadis, en Chile más de dos millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, lo que representa el 12,9% de la población total. De ellas, cerca de un millón tiene graves dificultades para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse y superar las barreras que plantea el entorno.

Entre otras, la nueva legislación convierte en ley las siguientes acciones:

Los medios de comunicación deberán utilizar subtitulado oculto y lengua de señas en campañas de servicio público, propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales.

Los medicamentos, alimentos de uso médico y cosméticos deberán contar con rotulación en lenguaje Braille que informe el nombre del producto, fecha de elaboración y vencimiento.
La totalidad de los medios de transporte público deberán realizar las modificaciones necesarias para asegurar el acceso de personas con discapacidad.

Consagra el deber del ministerio de Educación de considerar a los alumnos con necesidades especiales en las mediciones de calidad de la educación como por ejemplo, el SIMCE y la PSU. Con este fin, se establece que la autoridad deberá disponer de las herramientas que permitan a estos estudiantes participar de dichos procesos.

Todos los edificios de uso público existentes a la fecha de publicación de la Ley deberán ser accesibles para personas con discapacidad, dentro de un plazo de 3 años desde que se dicte su reglamento.

Todos los procesos de selección para acceder a educación, capacitación o empleo deberán contar con exámenes adaptados para personas con discapacidad.

El Ministerio de Vivienda deberá contemplar subsidios especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a las personas con discapacidad.

Los establecimientos educacionales deberán hacer las adecuaciones curriculares, en infraestructura y materiales de apoyo para el acceso y permanencia de las personas con discapacidad.

En los procesos de selección de personal de la Administración del Estado y sus organismos, municipalidades, el Congreso Nacional, los órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, en igualdad de condiciones de mérito deberán seleccionar preferentemente a personas con discapacidad.

Otras materias de interés

Dentro de las medidas más relevantes se establece una moderna y robusta institucionalidad pública destinada a relevar la discapacidad como un tema central de las políticas públicas, generando instituciones e instrumentos, tales como el Comité de Ministros de la Discapacidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad y un Consejo Consultivo.

De igual modo, se refuerzan las medidas que promueven la cooperación público-privada, haciendo hincapié en que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y es deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de estas personas.

Con la aprobación de esta ley, se da cumplimiento a uno de los compromisos más sustantivos adquiridos por el país, al suscribir y luego ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, instrumento que fue aprobado en forma unánime por el Congreso Nacional en 2008 y que impuso el desafío de adecuar progresivamente nuestra legislación interna y nuestra institucionalidad pública a los estándares definidos en dicha Convención.